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02 Feb

La lucha de los clientes contra los bancos por las cláusulas suelo se extiende ahora al ámbito del consumo.

El Principado de Asturias ha abierto expedientes sancionadores a diversas entidades en base a la Ley de Consumidores y Usuarios por entender que las cláusulas suelo incluidas en los préstamos hipotecarios son abusivas. Esta infracción se considera como falta grave y ha sido sancionada con 8.000 euros por cada contrato hipotecario en el que no se ha retirado la cláusula suelo.

A día de hoy, el Gobierno de Asturias ha impuesto 150 sanciones firmes por importe global de 1,2 millones de euros a cinco bancos (Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank, Caja España, ahora Unicaja y Caixabank) aunque todos han recurrido la sanción ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. No obstante, todavía están pendiente de resolución 2.500 expedientes sancionadores por un total de 20 millones de euros.

Los hechos imputados en dichos expedientes hacen referencia a que la cláusula suelo incluida en las escrituras de préstamo hipotecario suscritos por los reclamantes incumplen los criterios de transparencia establecidos por el Tribunal Supremo. Estas omisiones provocan que el consumidor no fuese específica y suficientemente informado acerca del significado de dicha cláusula como elemento definitorio del objeto principal del contrato, impidiendo que conociera la carga económica que asume y que pudiera prever sobre la base de criterios claros y comprensibles las eventuales modificaciones del coste.

La cláusula suelo se incluye en un contrato ofrecido como préstamo a interés variable pero, de hecho, esta cláusula lo convierte en préstamo a interés mínimo fijo. El  hecho de no informar adecuadamente sobre la existencia de esta cláusula y poner el acento en el diferencial, afectó al comportamiento del cliente a la hora de contratar. La oferta no completada con información adecuada desplaza el foco de atención sobre el diferencial del tipo de referencia, particularmente al ofrecerse conjuntamente con una cláusula techo a modo de contraprestación.

Por tanto, no se consigue el resultado de que el consumidor tenga un perfecto conocimiento del alcance de esta cláusula, de su trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, condición exigida por el Tribunal Supremo para que pueda considerarse lícita. En definitiva, la cláusula suelo, en estos casos, debe reputarse como cláusula abusiva.

De esta forma se abre una nueva vía alternativa para que los clientes puedan conseguir que los bancos eliminen las cláusulas suelos de sus hipotecas con unos costes muy inferiores a la vía judicial. Costes que ascienden a un mínimo de 1500 euros y que muchas personas afectadas no se pueden permitir.

Lo que llama poderosamente la atención es que Asturias sea la única Comunidad Autónoma que sancione a los bancos por estas cláusulas y que haya tenido que ser como consecuencia de reclamaciones de clientes.

¿Por qué no actúan en el mismo sentido el resto de Comunidades?

¿Por qué no actúan de oficio los servicios de consumo autonómicos como hacen con el resto de empresas privadas? Quizás si se confirman las sanciones del Principado de Asturias y ven una importante vía de recaudación comiencen a actuar aunque siempre existirá el obstáculo de que la banca financia la deuda autonómica.

Esperemos que, a pesar de todo, los servicios de consumo reflexionen sobre su obligación de defensa del consumidor y tome la iniciativa en este problema que está perjudicando enormemente a todos los ciudadanos de forma abusiva, nunca mejor dicho.

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