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28 Feb

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se suprimen las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes jurisdiccionales.

TasasNo El pasado viernes 27 de febrero de 2015 se ha convertido en una fecha señalada porque los ciudadanos ya no tendrán que pagar tasas judiciales para defender sus derechos. Esta medida es un triunfo de todos los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años han luchado contra las tasas junto a otros muchos colectivos.

Pero la lucha aún no ha acabado. La satisfacción que esto nos produce no es total porque la derogación de las tasas no alcanza a las pymes que tendrán que seguir “pasando por caja” pagando un tributo totalmente injusto y que vulnera claramente el libre acceso a la justicia. Aunque sobre esto todavía está pendiente que se pronuncie el Tribunal Constitucional. El resto de contenido de los recursos interpuestos contra la ley de tasas quedan ya sin sentido pero tendrá que hacerlo respecto a las que quedan vigentes.

Además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno y según recoge la propia ley, no se ha destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.

Durante el tiempo de vigencia de las tasas judiciales, el Gobierno ha recaudado más de 500 millones de Tasaseuros por ese concepto. Pero el Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de ese dinero. Así lo declaró Justicia en respuesta a una pregunta parlamentaria afirmando que «el Ministerio no dispone de información al respecto» y que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria «la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa«. Y como colofón añadía: “Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa«. En definitiva, que han desaparecido más de 500 millones de euros y no tienen ni la obligación de buscarlos. ¡Una desvergüenza absoluta!

En fin, parece que termina, aunque sea parcialmente, un sinsentido más del afán recaudatorio de nuestro Estado, que en este caso afectaba a las libertades de los ciudadanos.

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